Unos 138.573 puestos de trabajo formales netos en el sector privados se destruyeron entre noviembre de 2023 y agosto último en el país, según enumeró el investigador de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Luis Campos, a partir de los últimos datos publicados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

 

Si a ellos se suman los empleos perdidos en el Estado y en casas particulares, la destrucción neta redondea los 223.796 puestos.

 

Este deterioro copó parte de la agenda pública en las últimas semanas con la seguidilla de casos de empresas, en su mayoría industriales, que dispusieron suspensiones o despidos de personal debido a la fuerte merma de la actividad. Lo propio sucede en Córdoba, donde también castiga el impacto combinado de la fuerte caída del consumo interno con el ingreso creciente de productos importados de todo tipo, a menor precio.

 

Los procedimientos preventivos de crisis de empresa (PPCE) son un termómetro de la situación. Ante un desplome fuerte de la actividad, este mecanismo previsto por ley permite a las empresas aplicar medidas de “amortiguación” para evitar escenarios más drásticos de despidos y de cierres.

 

Mediados y autorizados por la Secretaría de Trabajo provincial, habilitan por un lapso acotado la implementación de suspensiones de personal, de reducciones de jornadas, de achiques de salarios, de adelanto de vacaciones y de retiros voluntarios, entre otras decisiones. Se supone que dan a una compañía oxígeno por algunos meses para sortear un bajón y conseguir retomar mayor actividad. Desde el punto de vista de los trabajadores, la expectativa está puesta en aceptar restricciones en pos de no perder el empleo.

 

Hoy, en la Secretaría de Trabajo provincial se tramitan 60 procedimientos solicitados por empresas, 40 de ellos en Córdoba capital y otros 20 en el interior. En ese total, hay 42 en los que empleadores y trabajadores, a través de su sindicato, ya lograron un acuerdo con distintas medidas vigentes por un lapso determinado (en general, tres meses). Existen otros 28 en los que la negociación está abierta.

 

En ese escenario, el universo total de trabajadores sometidos a suspensiones o a reducciones de jornadas con el consiguiente pago parcial de salarios asciende a 4.690 hasta ahora; la gran mayoría (4.033), con base en Córdoba capital. En algunos casos, el cobro de haberes está reducido al 30%, aunque en la cuota más grande de los casos perciben entre el 60% y el 75% del sueldo.

 

El universo de afectados equivale a un tercio del total que emplean las empresas solicitantes de PPCE, puesto que muchas de ellas no tienen incluido a todo su personal en el mecanismo. En otras, en cambio, el esquema de suspensiones y reducciones salariales alcanza al 100% del plantel.

 

Los datos surgen de los registros de la Secretaría de Trabajo, ámbito donde crece la preocupación por el deterioro del mercado de trabajo y por un horizonte donde no se avizora una vía de recuperación.

 

Más bien todo lo contrario: hay allí algunos funcionarios experimentados que pronostican una crisis del empleo de dimensiones “inconmensurables”, puesto que a las dificultades propias que atraviesa el modelo económico argentino se suman procesos globales como la destrucción de puestos a manos de la inteligencia artificial (IA), entre otros factores.

 

Más que en 2024

 

Los 60 procedimientos hoy en vigencia implican un salto respecto de los 43 que tramitaba Trabajo en abril de 2024, fecha en la que el indicador fue tema de un informe de este medio.

 

El número actual también puede ponerse en relación con los 143 realizados a nivel nacional entre enero y octubre, según informó el Ministerio de Capital Humano al diario La Nación en noviembre. En esa cartera, la Secretaría de Trabajo tramita pedidos de PPCE de compañías ubicadas en la mayoría de las provincias que, a diferencia de Córdoba, delegaron esa tarea en la autoridad nacional. Es muy valioso que aquí no se haya resignado la herramienta.

 

Los 143 registrados en el país implican un salto del 9% respecto de 2024. En 2018 y en 2019, dos años que cerraron con caída del PIB, los PPC habían llegado a 158 y a 184, respectivamente.

 

Al menos 500 acuerdos mensuales

 

Desde el área de Trabajo cordobesa explican que los 60 procedimientos están lejos de picos históricos, pero aclaran que eso tiene que ver con el deterioro sostenido del mercado laboral.

 

Al respecto, previenen: “Hay que tener en cuenta que sólo las empresas formales y de cierto tamaño son las que usan la herramienta de los PPCE, ya que demanda un trámite burocrático y la presentación de documentación e información de diverso tipo. En la provincia, el 85% del empleo está en pymes de hasta 50 trabajadores”.

 

Vale recordar además que más del 40% del empleo es informal y que entre las pymes abunda lo que se denomina el “gris” en materia laboral: empleados con algún grado de registración, pero que reciben parte de sus salarios “en negro”.

 

En definitiva, los procedimientos preventivos reflejan sólo una parte de la crisis del empleo y no precisamente la mayor y más aguda: “Sólo en Córdoba capital, por la Secretaría de Trabajo, se formalizan unos 500 acuerdos espontáneos mensuales entre empleadores y trabajadores por desvinculaciones, por cambios en las condiciones de trabajo o por conflictos salariales. Otro caudal se tramita en el interior y una cuota imposible de cuantificar se resuelve en escribanías, entre las partes”, aclaran desde Trabajo. Tanto los acuerdos ante escribanos (legales) como los despidos registrados en la informalidad pasan muy lejos del radar oficial.

 

Con esos casos, en los que el trabajador suele cobrar un monto de dinero y firma su retiro de la empresa, se completa un panorama mucho más numeroso de destrucción del empleo formal de mayor calidad.

 

Ese desgranamiento se viene reflejando, por ejemplo, en la explosión del Monotributo: en el mismo lapso en que se destruyeron más de 138 mil puestos formales en el país (noviembre 2023 a agosto último), aparecieron más de 121 mil monotributistas en el mercado, apunta Luis Campos.

 

La consultora Econviews lo pone en mayor perspectiva: desde 2012 hasta la actualidad, el empleo privado registrado sólo logró crecer 2,9%, mientras el Monotributo se disparó 64,4% a nivel nacional.

 

Detrás de ese proceso, hay miles de argentinos que se lanzaron a generar ingresos en la economía de plataformas: Uber, Rappi, PedidosYa, Cabify, etcétera. Para muchos especialistas, este arco está funcionando como una especie de colchón –agujereado respecto de un trabajo formal estable– que evita que la tasa de desocupación crezca a mayor ritmo.

 

Otro fenómeno en expansión en el mercado que observan desde Trabajo es el de las cooperativas como mecanismo de registración alternativo y menos oneroso para unidades productivas. Quienes se desempeñan en ese marco suelen percibir salarios 40% inferiores a los equivalentes de convenio colectivo.

 

A pesar de estos atajos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la desocupación en el Gran Córdoba llegó al 8,9% en el segundo trimestre del año, por encima del promedio nacional (7,6%) y del registro del mismo período de 2024 (8,2%).

 

Industria y vigilancia, golpeadas

 

Detrás de los 60 trámites de PPCE, hay empresas que operan en una amplia variedad de rubros en Córdoba, aunque el predominio es de las industriales.

 

Las autoridades no difunden los nombres propios por respeto a la privacidad de los acuerdos, pero algunos casos tuvieron trascendencia mediática y fueron mencionados desde el arco sindical.

 

Allí puede anotarse el de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con más de 700 trabajadores con suspensiones y cobro parcial de haberes.

 

También están las automotrices Renault y Volkswagen, ambas con procesos de suspensiones sobre 120 y 761 trabajadores, respectivamente. Se suman varias autopartistas y pymes metalmecánicas. De hecho, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata) figuran entre algunos de los gremios que debieron negociar más acuerdos, junto con el Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba (Suvico).

 

Precisamente el sector de las empresas de seguridad y vigilancia privada es de los que concentran la mayor cantidad de PPCE. Mano de obra intensivo, este rubro siente con mucha rapidez la merma de actividad, ya que suele convertirse en uno de los servicios recortados con mayor rapidez por las empresas.

 

Hay al menos nueve empresas con acuerdos en trámite en Trabajo, y casi 1.900 trabajadores suspendidos con cobro parcial de haberes. La nómina equivale al 30% del total de empleados en esas compañías.