El fiscal Iván Rodríguez encabeza una investigación que pone en el centro de la escena a una familia evangélica que administraba una casa de contención infantil, donde se habrían aplicado numerosos castigos físicos y violencia infantil.

 

Por estas fuertes presunciones, un pastor evangélico, su esposa, su madre, su hermana, el cuñado y dos allegados quedaron tras las rejas el viernes pasado, tras una serie de allanamientos realizados en distintas viviendas de la Capital y el interior provincial (sedes locales vinculadas a la organización internacional Remar) y en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.

 

El caso es estremecedor: se sospecha que en una de las casas hogar de la asociación, donde deberían haber encontrado refugio y protección, un grupo de niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad habrían sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos y de amenazas constantes.

 

La investigación lleva apenas un mes en curso y los detenidos, de quienes aún no trascendió su identidad, fueron imputados por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves y coacción.

 

El núcleo de la investigación se centra en el pastor, identificado como la máxima autoridad religiosa y administrativa de la comunidad. A él se suman los dos colaboradores directos en las tareas cotidianas con los niños y personas del círculo íntimo del líder.

 

Aunque no se brindaron detalles sobre antecedentes penales, trascendió que algunos de los acusados ya habían sido mencionados en causas previas relacionadas con la gestión de instituciones de Remar.

 

Castigos físicos en Remar: la grave sospecha sobre el pastor

En los pasillos de Tribunales, ya lo llaman el “pastor golpeador”.

 

El fiscal Rodríguez tiene sobre su escritorio una gran cantidad de pruebas que lo llevaron a actuar contrarreloj, con el objetivo inmediato de preservar a los niños que todavía estaban en la institución.

 

“Eran rigores físicos, conductas coactivas: si no hacés esto, te pasa aquello. No había dudas del exceso. No era una corrección, sino un abuso brutal de autoridad”, describió una fuente judicial en estricta reserva.

 

En los allanamientos se habrían encontrado indicios de maltrato reiterado, testimonios de jóvenes que habían vivido allí durante años y huellas físicas en algunos de los chicos que todavía permanecían bajo la tutela de la comunidad, de acuerdo a lo informado.

 

Lo que más alarmó a los investigadores fue el estado emocional de los niños, marcado por un miedo permanente, por obediencia forzada y por la imposibilidad de relatar con claridad qué les ocurría.

 

Algunos llevan años institucionalizados, desde que eran pequeños, y no conocen otra forma de vida.

 

Cómo comenzó la investigación

El caso se originó de manera casi fortuita. Todo ocurrió durante un pedido de antecedentes remitido por el tribunal que interviene en cuestiones de adopción.

 

En uno de esos informes se mencionaba, casi al pasar, que un niño había hablado de castigos físicos dentro de la Casa Hogar.

 

Lejos de dejarlo pasar, el equipo del fiscal Rodríguez comenzó a “rascar en el fondo”, como él mismo les habría indicado a sus colaboradores en conversaciones durante la pesquisa.

 

Esas pequeñas señales de alarma luego fueron cruzadas con testimonios de chicos que habían pasado por la institución y con relatos de actores cercanos a la comunidad.

 

En apenas 18 días, la fiscalía reunió pruebas suficientes para ordenar los allanamientos.

 

Los operativos se llevaron adelante en un hogar que la institución administra en barrio Guiñazú y en otros dos barrios de la zona norte de Córdoba: Mariano Fragueiro y Juan B. Justo.

 

Las acciones se extendieron hasta otros domicilios vinculados a la organización. Incluso se había previsto replicar los operativos en las localidades de Unquillo y de Salsipuedes, aunque finalmente no fue necesario, según los investigadores: en la Capital habrían hallado lo que buscaban, subsumido al entorno del pastor evangélico ahora imputado.

 

ntervinieron equipos técnicos de la Dirección General de la Policía Judicial, brigadas de Protección de Personas, la Unidad Judicial 14, personal de la Dirección General de Seguridad Capital y profesionales del Equipo Técnico de Adopción y Guarda.

 

Se trató de un despliegue de más de 200 personas que trabajaron en simultáneo para garantizar que los niños fueran resguardados de inmediato.

 

Una causa en su primera etapa

La investigación apenas comienza. Los detenidos ya fueron imputados, pero todavía falta tomarles declaración indagatoria y analizar una gran cantidad de pruebas secuestradas en los procedimientos.

 

Entre los elementos probatorios a disposición del fiscal, hay registros, documentación interna y dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras personales.

 

Fuentes con acceso a la causa reconocen que no se puede descartar la existencia de más víctimas ni de otros responsables. Sin embargo, aclararon que la investigación no está dirigida contra la asociación Remar en sí, sino contra la familia que manejaba esa comunidad en Córdoba.

 

Vale recordar que Remar funciona desde 1991 y se presenta como una organización que brinda apoyo humanitario a personas en situación de vulnerabilidad.

 

Tiene presencia en varios países y su estructura se asemeja a la de una multinacional de la asistencia social. “Es una organización enorme, con muchas sedes y dispositivos distintos. Pero aquí lo que investigamos es el accionar de un grupo de directivos locales”, explicó una fuente judicial.

 

La sombra del encierro y el miedo

Las imputaciones de privación ilegítima de la libertad calificada surgirían por denuncias de niños que habrían sido obligados a permanecer encerrados como castigo, en habitaciones o en sectores apartados.

 

Investigadores pretenden saber si, entre los castigos propinados a las víctimas, se las amenazaba con el aislamiento y con la falta de comida, o con la separación del entorno grupal.

 

A ello se suman lesiones leves constatadas en algunos chicos y el relato de amenazas constantes. En tanto, la figura de coacción se sostiene en la utilización del miedo como herramienta para lograr la obediencia, según explicaron los pesquisas.

 

Lo más grave, subrayaron, es que los castigos no eran excepcionales ni esporádicos, sino aparentemente una forma habitual de control sobre niños.

 

A cargo de los chicos de Remar

Tras los allanamientos y detenciones, la prioridad inmediata fue garantizar el cuidado de los niños que todavía permanecían en la comunidad.

 

Según confirmaron fuentes del caso, adultos que también forman parte de la institución, pero que no estarían vinculados a los presuntos flagelos investigados, quedaron a cargo del funcionamiento cotidiano del hogar.

 

A la vez, se dispuso un dispositivo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para abordar la situación integral de los chicos.

 

Ese organismo trabaja ahora en dos frentes: por un lado, asegurar lo básico (comida, escolaridad, salud), y, por el otro, desplegar equipos de psicólogos y trabajadores sociales para contener a los menores, muchos de los cuales mostraban signos de haber naturalizado los maltratos.

 

“Algunos chicos apenas podían hablar. Otros repetían frases como si fueran parte de un adoctrinamiento. Eso fue lo que más nos impactó”, relataron fuentes del caso.