El Concejo Deliberante aprobó el inicio del juicio político contra el intendente Miguel Roldán. Ahora, los concejales lo citarían para que exponga su defensa.

 

La denuncia que inició este proceso, que puede derivar en la revocatoria de mandato de Roldán, fue impulsada por al edil Nilda Ferreira, del Frente Cívico, quien sostiene que el Intendente es responsable de numerosas irregularidades administrativas que justifican sobradamente el juicio político, figura prevista en la Ley Orgánica Municipal 8102.

 

La misma dispone que Ferreyra sea reemplazada por suplente de su lista debido a que no podrá intervenir en el proceso por ser la denunciante.

 

Como parte acusadora, aportará las pruebas que sustentan su denuncia y Miguel Roldán expondrá su defensa.

 

Hecho esto, el Cuerpo Legislativo determinará si el titular del Departamento Ejecutivo es culpable o inocente por las irregularidades de que se lo responsabiliza.

 

Si es culpable, se le revocará el mandato como Intendente y se convocará a un referendum revocatorio para que la ciudadanía confirme la decisión del Concejo.

 

Si, por el contrario, Roldán convence a los ediles de su inocencia, el juicio político se cerrará y Roldán podrá seguir gobernando sin problemas.

 

Pero la situación del Intendente no es sencilla: cuatro concejales que le respondían votaron a favor del inicio del juicio político, quitándole el respaldo institucional, y la Ley Orgánica Municipal 8102 establece que para ser declarado culpable en un juicio político y que se revoque el mandato de un Intendente se necesita el voto favorable de los dos tercios del Concejo Deliberante, esto es, la adhesión de cinco de los siete integrantes que tiene el de San José de la Dormida.

 

El juicio político es independiente de la actuación de la Justicia. Cabe recordar que Roldán  es investigado por la Fiscalía de Deán Funes por supuesta “defraudación por administración fraudulenta calificada”.