El transporte urbano en Córdoba sobrevive en medio de un panorama complejo. Aun no repuesto de la crisis de la pandemia, sobrevino el impacto de la quita de subsidios con el consiguiente traslado a precios de brutales aumentos.

 

El sistema está altamente concentrado en pocas empresas y la Municipalidad de Córdoba sumó a Grupo FAM, como parte de una estrategia general de recomposición del sistema urbano de Córdoba, en el marco de un nuevo plan estratégico para integrar el transporte urbano y el interurbano.

 

Por eso, no sorprendía que Grupo FAM presentase como aval su experiencia en transporte interurbano con la prestigiosa y consolidada FONOBUS.

 

Lo que no se sabía entonces, es que lo que se mostraba como un ordenado desembarco de FONOBUS en la ciudad, era en realidad el “divorcio” entre hermanos y socios, lo que vino a ponerse en evidencia esta semana, cuando la Justicia penal económica de Córdoba imputó a Christian Flavio D’Alessandro, fundador del Grupo Fam y todavía uno de los socios de Fono Bus, por el presunto delito de vaciamiento empresarial. 

 

También fueron alcanzados por la medida su esposa, Gabriela Serra, y el contador Marcelo Daniel Pucheta.

 

La denuncia

 

La acusación surge de una denuncia presentada el 3 de febrero por Gianfranco y Fabiola D’Alessandro, hermanos y socios del empresario en Fono Bus, la firma de transporte interurbano. La fiscalía a cargo de Matías Bornancini, titular de la Unidad Penal Económica N.º 1, impulsó la imputación tras reunir evidencia documental que, según trascendió, fue clave para avanzar en la causa.

 

El expediente se centra en una serie de operaciones que habrían sido ejecutadas por Christian Flavio D’Alessandro mientras aún ejercía funciones gerenciales en FONOBUS. Los denunciantes señalan un patrón de conducta orientado a debilitar la estructura operativa y financiera de la empresa, en paralelo al desarrollo de su nuevo emprendimiento, el Grupo Fam.

 

Entre las maniobras investigadas se incluyen retiros de fondos sin justificación, ventas informales de vehículos, negativa a convocar reuniones societarias y trabas al funcionamiento cotidiano, como impedir los pagos a proveedores.

 

Una operación en particular se destaca por su magnitud: el 27 de noviembre de 2024, D’Alessandro habría extraído 32.500 dólares (unos 40 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento) de una cuenta de Fono Bus. Ese mismo día, junto a su esposa, adquirieron la firma "El Quebrachal SRL", estructura base del Grupo Fam.

 

Según consta en la denuncia, la creación de Fam coincidió con la reconfiguración del sistema de transporte urbano impulsada por la Municipalidad de Córdoba, bajo la gestión de Daniel Passerini, y el gobierno provincial de Martín Llaryora.

 

En ese contexto, los denunciantes sostienen que el objetivo de D’Alessandro era quedarse con los corredores que operaban Tamse y Ersa, y que para lograrlo transfirió personal estratégico y retuvo dos vehículos de Fono Bus, luego secuestrados por orden judicial.

 

También fue imputado el contador Marcelo Pucheta, quien tras desvincularse de Fono Bus pasó a trabajar en el nuevo grupo empresario. La fiscalía calificó los hechos bajo el artículo 174 inciso 6° del Código Penal, que contempla penas de hasta seis años de prisión por maniobras orientadas al vaciamiento patrimonial de una sociedad.

 

Pese a haber sido removido de su rol de administración, Christian D’Alessandro conserva su participación societaria en Fono Bus, lo que mantiene abierto el conflicto con sus hermanos y agrega complejidad al proceso judicial.