Colonia Caroya.  La división del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) de esta ciudad comenzó en medio de la lucha por incrementos salariales: un sector era más combativo y otro, conciliador.

 

En la previa del recambio de la Comisión Directiva, la Junta Electoral validó la presentación de  u- na de las dos listas presentadas.

 

El día de las elecciones -7 de mayo-, en la sede del SITRAM algo no funcionaba de acuerdo a lo esperado.

 

La candidata a Secretaria General, Bettina Szilavecz, recibió información informal sobre un supuesto embargo a la cuenta bancaria del Sindicato, que estaría a nombre de dos integrantes de la Comisión saliente: el Secretario General, Eduardo Álamo; y el Secretario de Finanzas, Carlos Piazzi.

 

En esa gestión, Szilavecz fue Secretaria Adjunta, pero ciñó su función a ordenar papeles y cuestiones administrativas.

 

Los ingresos eran 12 mil pesos por mes en concepto de aportes de los 70 afiliados. Por eso en la campaña interna anunció la posibilidad concreta de ofrecerle nuevos servicios a los trabajadores y, por su carácter combativo, recibió el respaldo de la mayoría en las urnas. Hasta entonces, nadie imaginaba lo que ocurriría después.

 

Lo que parecía una simple interna gremial, terminaría en los Tribunales en los próximos días. 

 

A la Justicia.

El 14 de mayo, en la asunción de las nuevas autoridades, el ex Secretario Gremial, Carlos Maldonado, presentó una carpeta con planillas de afiliados y llevó, en nombre del anterior Secretario de Actas, Luis Vandersande, un libro de actas que se había completado hasta 2010. En efecto: no hay registros de las reuniones de la Comisión realizadas en los últimos tres años y medio.

 

“Dejamos asentado que la nueva comisión asume sin tener constancia de Memoria y Balance de los últimos cuatro años”, dijo en ese acto la presidenta de la Junta Electoral, Ana Paola Nanini, para sorpresa de los presentes. 

 

“¡No dejaron nada!”, acotó a los gritos un empleado que conocía lo que estaba ocurriendo. 

 

Nadie habló más sobre el tema, pero los rumores trasponiendo las barreras del hermetismo oficial.

 

La nueva Comisión envió cartas documento exigiéndole la documentación a Piazzi y Álamo. 

 

Piazzi pidió hasta el 20 de junio para hacerlo, pero el plazo se cumplió y el SITRAM sigue sin saber cuál es el estado de las cuentas de la última gestión.

 

Un dirigente de la Federación de Sindicatos de Municipales de Córdoba pidió preservar la imagen de la institución pero, ante la gravedad del caso, le pidió a Zsilavecz que presente pruebas para que los abogados hagan lo que corresponde: pidan una investigación en Tribunales. Cinco letrados trabajan en el tema. 

 

Ese fue también el mandato popular de los afiliados en una asamblea en la que se dieron a conocer  detalles de lo ocurrido. “¡Denuncia penal!”, fue el grito casi unánime.

 

Es mucha guita.

El dinero que entró en estos últimos cuatro años al SITRAM de Colonia Caroya rondaría el medio millón de pesos.

 

Sin embargo, nadie sabe en qué se utilizó parcial o la totalmente ese monto, ni si existe algún saldo en la cuenta bancaria, a la que la nueva Comisión no puede tener acceso. Se desconoce también si el gremio tiene alguna deuda.

 

Por otra parte, los afiliados cuestionan algunas situaciones “poco claras” en el otorgamiento de créditos por parte del Sindicato, que obtenía recursos de una financiera para cubrir el pedido de algunos trabajadores, que devolvían el préstamo en cuotas descontadas de sus haberes mensuales.

 

La Justicia también deberá dictaminar si hay responsables de estas graves irregularidades.

 

26-06-2014