La mayoría de los intendentes y jefe comunales del norte de Córdoba que no tiene carta orgánica municipal y que se rigen bajo la ley 8.102, están a favor de que la ley 10.406 sufra una modificación que les habilite aunque sea un tercer mandato de gobierno de cara al 2023. 

 

Hasta ahora, son pocos los mandatarios municipales que han expresado públicamente su adhesión a la iniciativa que ocupa un lugar importante en la agenda del Gobierno de la Provincia. 

 

Según indagó Mirá El Norte en dirigentes del PJ provincial, desde el Panal procuran abordar el debate en la Unicameral antes del primer semestre del año pero con el costo político compartido, es  decir que los intendentes y jefes comunales que son los principales interesados también se lleven una porción del desgaste que provocará el polémico proyecto. 

 

“La intención es que los intendentes y jefes comunales envíen una petición a la mesa provincia-municipios para que sea elevada a la Legislatura, sino se hace de esa manera es muy difícil que el proyecto camine, la otra alternativa es que surja como un proyecto de Juntos por el Cambio o del propio radicalismo en la Unicameral”, indicó uno de los dirigentes del PJ que fue consultado por este medio.

 

Puertas adentro, desde el PJ consideran que suspender la ley que ellos mismos impulsaron en 2016 sería un escándalo político y social, es por ello que la opción más viable que se analiza sería introducir un cambio en el artículo 7 que tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019 como lo prevé la norma.

 

En la región sólo los que transitan su primer mandato prefieren no referirse al tema, pero distinta es la circunstancia de los mandatarios que entraron en la recta final de su segundo período y tienen chances lejanas de ser legislador o ser contenidos por la provincia. 

 

Este puñado de funcionarios y dirigentes que la mayoría son parte de la estructura del PJ Provincial, esperan con ansias que el debate ingrese en la agenda política en los próximos meses.