Una causa judicial iniciada en 2010 por supuestas ilegalidades en la aplicación de fotomultas sobre rutas en una localidad cordobesa fue elevada a juicio oral.

Será el primer caso de este tipo que llega a esta instancia en la provincia e involucra a la comuna de Estación General Paz y a la empresa con la que había firmado el contrato para operar el sistema. 

El fiscal en lo Penal Económico Gustavo Hidalgo requirió la elevación a juicio con seis imputados. Se trata de Carlos Héctor Borgobello,  Marcela Marconetto y Pascual Suárez, quienes en 2010 eran presidente, secretaria y tesorero, respectivamente, de la Comuna de Estación General Paz, como coautores de exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada. También deberán comparecer Alejandro Abeliansky, apoderado de la empresa Distribuidora Sertran SA.; Virginia Mónica Guala, apoderada de la firma Extrategic Group SA., como supuestos partícipes necesarios de exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada.

Se agrega a la lista Daniel Hernán Torres, juez de Faltas de la Municipalidad de Salsipuedes, a través de la cual se labraban las actas de infracción. 

El hecho que se les atribuye es que "conociendo que su actuar era contrario a las leyes y reglamentos de tránsito habrían dispuesto exigir en forma indebida a todas las personas que transitaran en vehículos por la Ruta Nacional 9", a su paso por esta comuna,. "el pago de sumas de dinero por multas, de diversos montos, por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8560 (adelantamiento en lugares donde estuviere prohibido, superar el límite máximo de velocidad permitido y uso obligatorio de luces bajas).

La comuna a través de esas empresas, montó un sistema de cámaras para captar las infracciones, en base a las cuales labraba las actas. Cuando en 2010 el fiscal Carlos Matheu inició la causa, ordenó además el retiro de todos los equipos. 

Desde entonces, no funcionan más. En ese tiempo, había 18 localidades cordobesas que aplicaban fotomultas sobre travesías urbanas de rutas. Actualmente, el sistema es aplicado en al menos cinco pueblos y ciudades, con una controversia jurídica que no parece cerrada, incluso a pesar de un fallo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia que no hizo lugar a un recurso planteado por los municipios que apelan a este sistema de control.