Las dificultades de la economía empiezan a generar preocupación en distintos sectores del Gobierno. Hay industrias, particularmente las vinculadas con la vieja economía, que están atravesando un momento complicado. Los motores nuevos son importantes, pero la transición tiene costos y algunos funcionarios se preguntan cuál puede ser el impacto electoral de esta situación. En ese escenario, aparecen pedidos de mayor flexibilidad al equipo económico, mientras Javier Milei insiste en que no modificará el rumbo y que está dispuesto a atarse al mástil de su programa.

En paralelo, se desató una polémica en el bloque de senadores por la designación de autoridades impulsadas por Karina Milei. Detrás de esa discusión hay una disputa política más profunda: el protagonismo de Patricia Bullrich y la influencia que construyó dentro del oficialismo. La senadora tiene acceso directo al Presidente, mantiene reuniones prolongadas con él y se permite expresar diferencias públicamente. Su trayectoria electoral, el resultado que obtuvo en la Ciudad de Buenos Aires y su gestión en Seguridad le dieron credenciales políticas que hoy la convierten en una figura con proyección propia.

De cara a 2027, dentro de La Libertad Avanza hay quienes imaginan una fórmula integrada por Milei y Bullrich. Esa posibilidad permitiría contener a sectores republicanos que acompañan los objetivos económicos del Gobierno, pero que tienen reparos sobre el estilo presidencial. Sin embargo, cerca de la senadora no todos resignan la posibilidad de que tenga otro tipo de protagonismo. El problema es que esa autonomía no parece resultar cómoda para Karina Milei, que ejerce la conducción política del espacio y busca ordenar las decisiones del oficialismo.

Esta situación tiene algunos puntos de contacto con el conflicto que el Gobierno mantuvo con Victoria Villarruel al comienzo de la gestión. En aquel momento, la vicepresidenta también había construido un canal propio de influencia y terminó enfrentada con el entorno presidencial. En el oficialismo, algunos empezaron a presentar a Bullrich como una posible repetición de ese escenario. En las últimas horas circularon versiones sobre un supuesto ultimátum para exigir cambios en la política económica, cargos para dirigentes de su espacio y una modificación del gabinete. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas por sectores cercanos a la senadora.

Las tensiones existen, como ocurre en cualquier gobierno, y todavía hay interrogantes sobre el futuro político de Bullrich y el lugar que ocupará en la próxima elección. Pero me parece importante despejar las hipótesis más dramáticas. No hay información que permita hablar de una ruptura inminente ni de una pelea fuera de control. Creo que en las últimas horas hubo una exageración de esas diferencias y también cierto interés en instalar la idea de que el oficialismo atraviesa una crisis mucho más profunda de la que realmente tiene.

La otra pregunta es si el Gobierno está evaluando algún retoque en el programa económico para mejorar el consumo y modificar el humor social. Hay algunos elementos que pueden contribuir a ese objetivo. Uno de ellos es la posibilidad de que Argentina reciba hasta 30.000 millones de dólares de Estados Unidos en un plazo de cinco años, destinados a infraestructura. Es un monto significativo para un país que acumula un fuerte déficit de inversión en ese sector. A eso se suman las perspectivas de ingreso de divisas por inversiones y el superávit comercial. La mayor disponibilidad de dólares puede aportar calma cambiaria, aunque también prolongar el atraso del tipo de cambio.

Otro elemento es el posible impacto del blanqueo de capitales. Aunque el régimen ya fue reglamentado, todavía hay dudas de contadores y abogados sobre cómo incide en las declaraciones juradas, una cuestión que ARCA debe terminar de aclarar. Una vez resueltos esos interrogantes, el Gobierno espera que los fondos ingresados al sistema impulsen el consumo y la inversión. La apuesta es cerrar el año con señales positivas y conseguir un arrastre favorable hacia 2027, un período electoral en el que se definirá buena parte del futuro político y económico de Argentina.