Una fuerte disputa entre familias mantiene en tensión a una escuela de Monte Cristo a partir de la situación de un alumno de 11 años con diagnóstico de autismo.

El conflicto enfrenta distintas posturas. Por un lado, la madre del niño sostiene que su hijo fue discriminado y denunció a la directora del establecimiento. Por otro, un grupo de padres asegura que también deben garantizarse los derechos y la seguridad del resto de los estudiantes.

La situación quedó expuesta luego de que la madre llevara al niño a la escuela y se encontrara con un grupo de padres que se oponía a su ingreso.

Según relató la mujer a Telenoche, los adultos ingresaron al establecimiento para retirar a sus hijos porque consideraban que el menor podía representar un peligro para ellos.

Además, en el ingreso al colegio habían colocado carteles con un mensaje relacionado con el conflicto: “nosotros vamos a cuidar la integridad de nuestros chicos y nos llevamos nuestros alumnos”.

La madre aseguró que el episodio tuvo consecuencias para su hijo, quien, según contó, dejó de asistir al colegio y se quedó sin contacto con sus compañeros.

“De pronto tenemos un niño que llora porque se ha quedado sin amigos, y desde ese día no ha vuelto más”, relató.

Qué dicen los otros padres

Desde el otro sector, una de las madres que participa del reclamo negó que exista una actitud discriminatoria hacia el alumno.

“No somos un grupo de padres patoteros, sino que somos un grupo de padres que también buscamos que se respeten los derechos de nuestros hijos. Tanto del lado nuestro, como del niño”, sostuvo.

La mujer afirmó que el cuestionamiento no está dirigido directamente contra el niño, sino contra la forma en que la institución habría abordado el conflicto.

Según su relato, las familias ya habían advertido sobre situaciones que consideraban graves. Mencionó supuestos episodios de agresión y aseguró que varias docentes habían renunciado.

Otra madre que participa del reclamo afirmó que también habría existido una supuesta “vulneración a los límites corporales” de distintos compañeros y compañeras.

Estas afirmaciones forman parte de los reclamos realizados por las familias que se oponen al regreso del niño al establecimiento.

La intervención de Educación

Ante la situación, la Inspectora de Educación Pública estatal, Lía Rapalín, explicó que el Ministerio de Educación intervino desde que se registró el primer episodio.

Según indicó, se realizaron talleres con docentes y estudiantes y se trabajó sobre los procesos de inclusión.

Rapalín señaló además que estos procesos contemplan el acompañamiento correspondiente y mencionó específicamente la posibilidad de contar, además de la docente, con una acompañante terapéutica.

Las autoridades educativas continúan trabajando en el conflicto y esperan que el alumno pueda regresar a clases.

La abogada especializada en discapacidad Marta Lastra también se refirió al caso y planteó que deben contemplarse los derechos de todas las personas involucradas.

La especialista sostuvo que ningún derecho es absoluto y explicó que los procesos de inclusión requieren ajustes razonables. Entre las herramientas que pueden evaluarse mencionó el acompañamiento terapéutico y las terapias necesarias.

Para Lastra, el objetivo debe ser alcanzar una convivencia que permita garantizar los derechos de todos los estudiantes.

En ese contexto, también planteó una pregunta sobre el lugar que ocupa el niño dentro de la disputa y la necesidad de escuchar su situación, especialmente teniendo en cuenta que, según explicó, no puede utilizar palabras para expresarse.