Megaestafa por falsos trabajos mineros Deán Funes: la Justicia de Salta giró el expediente a la fiscalía local para que investigue los casos de todo el país

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Judiciales 16/03/2026

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La Justicia de Salta (Fiscalía de Delitos Complejos), que tiene bajo su órbita la investigación por presuntas estafas a personas mediante promesas de trabajo en empresas mineras, giró el expediente a la Fiscalía de Deán Funes para que afronte la instrucción de todas las denuncias registradas en el país.
 
Cabe recordar que en Deán Funes hay 82 personas damnificadas por esta maniobra. 
 
La decisión generó sorpresa en la Justicia de Córdoba, ya que se trata de jurisdicciones distintas: mientras la fiscalía salteña se especializa en Delitos Complejos, la de Deán Funes es multifuero. En este sentido, en el ámbito judicial cordobés sostienen que los recursos humanos y económicos son diferentes debido a la dimensión de cada fiscalía.
 
Esta situación motivó un planteo para que el expediente vuelva a ser remitido a la ciudad de Salta. 
 
Cabe recordar que por la megacausa hay un hombre y una mujer imputados, quienes fueron detenidos durante dos allanamientos realizados en la capital salteña, señalados como los principales sospechosos de la estafa.
 
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de febrero (en Salta), a la que luego se sumaron otras 31 presentaciones de personas que aseguraron haber sido contactadas con la promesa de incorporarse a puestos de trabajo en proyectos mineros.
 
Según los testimonios de los damnificados, la mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía supuestas oportunidades laborales vinculadas a empresas del sector.
 
De acuerdo con lo recabado por los investigadores, para dar apariencia de legalidad a las maniobras se promovía la creación de distintas estructuras comerciales, entre ellas Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, desde donde se convocaba a profesionales y trabajadores con promesas de empleo.
 
A los interesados se les solicitaba dinero para trámites administrativos o estudios preocupacionales, mediante transferencias a cuentas de terceros vinculados al grupo.

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