Finalmente este martes, el Gobierno nacional salió a responder los cuestionamientos de sectores empresarios contra la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de disponer el pago de una suma fija de $60.000 a empleados por el impacto de la inflación y la devaluación.

 

Una por una, las medidas de Sergio Massa anunciadas el domingo

 

En este caso fue la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, consideró que hay actividades que tienen “prejuicios” sobre las medidas de la Casa Rosada y anticipó que habrá multas para los empleadores que no cumplan con la medida.

 

Las declaraciones de Olmos fueron en respuesta a entidades empresarias como la UIA y la Came, que tildaron a la medida de “decisión unilateral” y que consideraron que “distorsiona las negociaciones colectivas” de aumentos salariales.

 

Olmos advirtió que habrá sanciones para las empresas que no paguen la suma fija a empleados: “En ese caso tendrán una infracción, van a tener que pagarla y, encima, multa”, y llamó a los sindicatos a sumarse a la verificación del cumplimiento de la medida.

 

“Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen, ahí actúa la fiscalización”, en declaraciones a Futuröck FM y radio Provincia, y aclaró que “el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia”.

 

LA CRÍTICA DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES A LA SUMA FIJA OTORGADA POR EL GOBIERNO

 

Las cámaras empresariales salieron este lunes al unísono a cuestionar el pago de la suma fija que estableció el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en el marco de las medidas para tratar de amortiguar el impacto de la devaluación que se aplicó tras las primarias.

 

“Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva. Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas”, aseguró el Grupo de Entidades de Córdoba enroladas en el G6.

 

“Las distorsiones que produce –agregó el G6– son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos ‘adelantos’ salariales. Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”.

 

En la misma línea se pronunció la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) a través de un comunicado. “El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, alertó.

 

Esa entidad empresarial señaló que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de modo creciente”.

 

Los pronunciamientos del G6 y la Came se reforzaron con mensajes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), que también alertaron por la injerencia del gobierno nacional en las negociaciones paritarias.

 

Al respecto, fuentes de la UIA consultadas por este medio remarcaron que “cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias”. “Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas”, plantearon.