Las maniobras que la Justicia Federal puso bajo la lupa surgieron de un decreto presidencial del Gobierno anterior que habría habilitado un negocio millonario con seguros que eran contratados a través de Anses. En consecuencia, el expresidente Alberto Fernández fue imputado por presunta malversación de fondos.

 

El cordobés Osvaldo Giordano, el director del organismo echado por Javier Milei a dos meses de su asunción, destapó la trama oculta de una caja de 20 mil millones de pesos. Según reveló Clarín, cuando decidió cortar los contratos empezó a recibir llamados para que diera marcha atrás.

 

La situación terminó en una presentación judicial y este jueves el fiscal federal Ramiro González imputó al exmandatario junto al extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, María Cantero.

La caja tuvo origen en diciembre de 2021 cuando Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros, consignó la investigación periodística.

 

Advirtieron que 20 mil millones de pesos era lo que Anses le pagaba a Nación Seguros por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos.

La contratación a su vez generó sospechas en torno a intermediarios privados. La investigación indicó que Nación subcontrató a otras aseguradoras y brokers que funcionarían como puentes entre los dos organismos estatales, con comisiones que llegaban a multiplicar por cuatro los valores del mercado.

 

En uno de los brokers apareció Martínez Sosa. El expresidente Fernández se refirió esta semana sobre la supuesta participación del marido de su secretaria y expresó: “Yo no pedí por nadie y si ella lo hizo se extralimitó”.

 

Este jueves volvió a hablar y aseguró que es “todo falso”. En declaraciones a radio La Red, el exmandatario afirmó: “Tengo muchas ganas de aclarar esto porque no soy corrupto”.

 

“Si algún funcionario hizo algo que no debía que responda, pero el caso de Anses es un disparate”, expresó Fernández al considerar que la causa judicial forma parte de “una operación política”.