El suicidio de un veterinario al que habían mencionado en el caso del ataque a la perra Negrita generó reproches del Colegio Médico Veterinario hacia la intendencia de Villa Allende. “Se lo nombró gratuitamente”, manifestaron desde la entidad en diálogo con El Doce luego del fallecimiento de Leandro Porta.

 

Además adjudicaron la determinación del profesional al hostigamiento que recibió por comentarios en redes sociales, pese a que no tuvo participación en el hecho por el que está imputado Hermes Moreyra, un falso veterinario que fue filmado mientras golpeaba con un palo al animal.

 

Cuando el caso de maltrato a Negrita tomó estado público, en mayo pasado, desde la Municipalidad de Villa Allende aseguraron que jamás habilitaron como veterinaria un local a cargo de Moreyra. Explicaron que solo estaba autorizado para venta de alimentos y como peluquería canina. En ese momento a su vez señalaron que el acusado había tramitado un permiso utilizando el título de Porta.

 

Se consultó a las autoridades municipales sobre los cuestionamientos del Colegio de Veterinarios y defendieron las actuaciones que realizaron en el caso. Asimismo lamentaron la muerte del profesional ocurrida el miércoles último en Córdoba.

 

Ante la denuncia de comienzo de año, el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, destacó: “Todo el tiempo estuvimos con el cuidado de no habilitar una veterinaria sin el título correspondiente. La municipalidad actuó como debe ser y derivó todo a la fiscalía de Liliana Copello”.El funcionario ratificó que Moreyra, al presentar los papeles de regencia para el local, “utilizó la matrícula de Leandro Porta”, quien nada tenía que ver en el caso. También comentó que el veterinario acudió a una reunión después de haberse enterado que estaba mencionado. “Lo recibí junto con el director de habilitaciones y le mostramos el expediente aclarándole que no habíamos brindado ninguna habilitación”, indicó el secretario de Gobierno.

 

Por otra parte, Crespo se refirió a la carta documento que envió el Colegio de Veterinarios. “Fue derivada a asesoría letrada desde donde hablaron con ellos para informarles lo actuado y resolver las dudas. Todo había quedado aclarado”, afirmó.