La mujer que se encadenó frente a la comisaría local para denunciar a su vecino se reunirá nuevamente con la fiscal Cepede, quien le explicará los alcances y las limitaciones de la Justicia en este caso, que ha escalado a nivel público.

 

De acuerdo a la Fiscalía, la situación se remonta a una denuncia por amenazas que data de abril. En ese momento, se dispusieron las medidas de restricción de acercamiento y contacto en el marco de un caso de violencia familiar. Sin embargo, al constatar el hecho, se descubrió que el hombre sindicado presentó un certificado de discapacidad que confirma que padece de esquizofrenia y adicciones.

 

Ante esta situación, se activó el protocolo de salud mental. La Fiscalía aclara que, a pesar de que la mujer presentó otras denuncias por molestias, estas se enmarcan en el Código de Convivencia y no en el ámbito delictual, por lo que la Fiscalía no tiene injerencia directa.

 

Lamentablemente, mientras no se modifique la Ley de Salud Mental, la intervención de la Justicia es limitada. El protocolo actual indica el traslado del paciente al hospital local para su estabilización, tras lo cual la familia debe hacerse cargo. La fiscal ya se ha puesto en contacto con el doctor Arnaez para gestionar la posibilidad de que la valoración psiquiátrica del hombre se realice en Córdoba, donde cuentan con más herramientas.

 

Este miércoles, la mujer tendrá una nueva audiencia con la fiscal, quien le detallará estos puntos y la informará sobre los pasos a seguir dentro de los marcos legales actuales.