El director del Museo Jesuítico de Jesús María, Carlos Alberto Ferreyra, fue imputado por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian por presuntos delitos que habrían comprometido la preservación de este sitio, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

 

Según informó Vía País, la imputación a Ferreyra se basa en dos hechos centrales que, según la investigación, pusieron en riesgo el valor arqueológico, cultural e histórico del predio. Además, tres empresarios del ámbito nocturno —Gustavo Agustín Cadamuro, Mariano Miretti y Carlos Daniel Garrido— fueron señalados como “partícipes necesarios” en uno de los eventos investigados. La causa judicial se inició a partir de una denuncia del Fiscal de Estado de Córdoba y el Procurador del Tesoro de la Nación.

 

El primer incidente bajo investigación es la autorización para un evento nocturno denominado “Año Nuevo en el Museo”, llevado a cabo el 4 de enero de 2025. A pesar de que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH) habría rechazado el permiso para esta celebración, Ferreyra procedió a permitirla.

 

La fiscalía sostiene que esta fiesta congregó a unas 2.000 personas en una “zona roja”, clasificada de altísima protección por su valía arqueológica, cultural e histórica. El fiscal Hairabedian enfatizó que esta acción, además de beneficiar económicamente a sus organizadores, habría expuesto gravemente el acervo arqueológico, cultural, histórico y natural del Museo Estancia Jesuítica Jesús María. Los empresarios señalados habrían gestionado las aprobaciones municipales y diversos servicios para la realización de la actividad.

 

El segundo punto clave de la acusación se relaciona con la presunta autorización para edificar una cancha de fútbol en la misma “zona roja” de la Estancia, un área de máxima protección. El Ministerio Público Fiscal asevera que el director del Museo Jesuítico Nacional, al consentir esta construcción, habría incumplido sus obligaciones legales y reglamentarias.

 

El fiscal Hairabedian resaltó que la formación académica de Ferreyra, por la cual fue seleccionado para su cargo, le impediría argumentar desconocimiento sobre la importancia y las normativas de preservación del sitio. Para la parte acusadora, estos hechos habrían deteriorado la integridad material de este Patrimonio Nacional y Universal declarado por la Unesco.