El juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal llega a su final este miércoles con la sentencia que genera fuertes expectativas después de un largo proceso que comenzó el 6 de enero ante la Cámara Séptima del Crimen.

 

Antes de ingresar a tribunales, las mamás de las víctimas fatales y de los ocho bebés que sobrevivieron desearon que sea una jornada “con justicia”. “Llevamos tres años luchando por esto, fue un proceso largo”, explicó una de las mujeres a Arriba Córdoba.

 

Por su parte, los padres de Brenda Agüero, la principal acusada de los crímenes, reafirmaron que su hija “es inocente, como se dijo desde el primer día”. “No eran bebés sanos y murieron por otras cosas”, aseguraron.

 

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana. Primero se le da la posibilidad de la última palabra a una de las imputadas y luego el tribunal pasará a deliberar para dictar el veredicto. Ante la posibilidad de que ese debate deba extenderse al jueves, hay reservas en hoteles para aislar a los ocho jurados populares que participan de la votación.

 

La principal sospechosa es la enfermera Brenda Agüero, a quien acusan de homicidio calificado por procedimiento insidioso en cinco hechos, además de atribuirle el mismo delito pero en grado de tentativa por otros ocho casos en los que las víctimas sobrevivieron.

 

Además hay otros 10 imputados, entre ellos exfuncionarios de la Provincia, médicas y personal de enfermería.

 

Los hechos investigados se produjeron entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022. Todos ocurrieron en bebés recién nacidos sanos que en 24 horas tuvieron descompensaciones.

 

Todos los imputados

 

Brenda Agüero: imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado cinco hechos y por otros ocho en grado de tentativa.

 

Liliana Asís: médica, exdirectora del Neonatal. Imputada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento.

 

Diego Cardozo: exministro de Salud, imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

 

Alicia Beatriz Ariza: enfermera, jefa de enfermería. Imputada por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado.

 

Pablo Miguel Carvajal: médico, exsecretario de Salud. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado.

 

Alejandro Escudero Salama: abogado, exsubdirector de Gestión Administrativa. Imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado.

 

Alejandro Gauto: abogado. Exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Imputado por encubrimiento agravado calificado.

 

Marta Elena Gómez Flores: médica cirujana, especialidad en neonatología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionario pública y encubrimiento agravado calificado.

 

María Alejandra Luján: médica especialidad en obstetricia y tocoginecología. Imputada por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

 

Adriana Luisa Moralez: médica especialidad en obstetricia y tocoginecología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado.

 

Claudia Elizabeth Ringhelheim: médica especialidad en obstetricia y tocoginecología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado.

 

Durante los alegatos, los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini pidieron prisión perpetua para Agüero, mientras que para los exfuncionarios se inclinaron por penas más leves que van desde un año de cumplimiento condicional hasta cuatro años de cárcel.

 

La enfermera acusada de homicidio permanece detenida desde el 18 de agosto de 2022 y le prorrogaron la prisión preventiva a la espera de una resolución en el juicio. Asís por su parte está en arresto domiciliario después de haberse ordenado su detención en febrero de 2023.

 

El tribunal está integrado por los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, además de ocho jurados populares que tendrán la responsabilidad de decidir sobre la situación de los imputados.