Luego de la polémica asamblea general ordinaria de los Bomberos Voluntarios de Quilino, que se llevó a cabo el 15 de marzo de este año, en la que se proclamó a Mariana López como presidenta, la situación administrativa de la institución era un misterio, teniendo en cuenta que la campaña de la oposición se basó en una supuesta crisis institucional.

 

Tras la intervención el 30 de julio de la Dirección de Personería Jurídica, a través de una Comisión Normalizadora, comienzan a conocerse las condiciones bajo las cuales funcionaba una de las instituciones más importantes de la localidad.

 

Mónica Lugones, una de las integrantes de la Comisión Normalizadora, informó a Mirá El Norte algunos detalles del primer informe general que fue elevado días atrás al órgano provincial. La CN debe enviar cada 15 días hábiles una exposición más detallada de la administración.

 

Para comenzar, la normalizadora aclaró dos cuestiones para evitar malos entendidos en la comunidad: “Este es un informe inicial de la administración, que no atraviesa su mejor momento; nada tiene que ver con la faz operativa o la capacidad de los bomberos, quienes realizan un enorme esfuerzo humano para brindar servicio a la sociedad”, dijo.

 

Lugones explicó que, para dar respuesta a una emergencia, por ejemplo, el cuartel de bomberos voluntarios no posee un parque vehicular en óptimas condiciones, un requisito indispensable para la operatividad y la misión del cuerpo de efectivos.

 

“Hay dos autobombas antiguas; una está averiada en un taller y la otra está funcionando, pero debe renovarse con urgencia. También existe una camioneta Ford Ranger que está fuera de servicio, y que puede ser de gran utilidad”, expresó Lugones.

 

Sobre la cuestión administrativa, comentó: “La cuenta bancaria está cerrada. El último balance pertenece a marzo de 2023. No hay libro de socios, solo existe una planilla Excel con 88 personas registradas; igualmente, hemos solicitado a IPJ que nos informe cuántos asociados poseen ellos registrados”.

 

Cabe recordar que la denuncia que desencadenó la medida preventiva (la intervención) fue radicada por socios que manifestaron haber sido dados de baja de manera arbitraria.

 

Además, informó que tampoco existe un libro contable de ingresos y egresos diarios, ni registros de las donaciones que recibió la institución. Lugones también hizo hincapié en la modernización de algunos procedimientos que se actualizaron hace varios años y que la antigua conducción no había implementado.

 

De acuerdo al primer informe, la fisonomía administrativa de una de las entidades más valoradas de la localidad, funcionaba de manera anómala.