Según trascendió, en las próximas semanas se pondrán en venta dos participaciones del Estado por las que el Gobierno espera obtener alrededor de US$600 millones. A esto se sumaría el avance sobre AySA, cuya valuación estimada ronda los US$500 millones.

El plan contempla activos relacionados con termoeléctricas, represas y gasoductos, dentro de una estrategia oficial que busca reducir la participación del Estado en distintas áreas de la economía.

Los recursos obtenidos por estas operaciones tendrían como principal destino el pago de vencimientos de deuda, en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar sus ingresos y obtener fondos para afrontar sus compromisos financieros.

El proceso de privatizaciones forma parte de la política económica de la actual administración, que pretende avanzar con la venta de empresas y participaciones estatales y utilizar esos recursos para fortalecer las cuentas públicas.