La expresidenta Cristina Fernández partió esta mañana hacia los tribunales federales de Comodoro Py, donde arrancará el primer juicio oral en su contra por presuntas maniobras de corrupción durante sus años al frente del Gobierno nacional. 

 

 

Pasadas las 11.15, la senadora nacional salió del edificio donde tiene su departamento, en la intersección de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. 

 

A las 11.40, ingresó a los tribunales.

 

 

Otros acusados

 

Antes, fueron trasladados desde sus lugares de detención los cuatro procesados detenidos: el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública José López; el primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.

 

Los detenidos fueron ingresados directamente a la Alcaldía, en medio de un fuerte operativo de seguridad con chaleco antibalas y casco, protegidos por efectivos con escudos del Servicio Penitenciario Federal.

 

López fue trasladado luego de intentar sin éxito que el Tribunal Oral Federal 2 lo autorizase a seguir el inicio del juicio por videoconferencia desde la cárcel.

 

Personalidades

 

Desde temprano, se concentraron en el hall central del edificio referentes políticos kirchneristas que buscan ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Carlos Tomada, Diana Conti, Rodolfo Tailhade y Martín Sabbatella, entre otros.

 

También arribó el exsecretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni.

 

Operativo

 

Cristina Kirchner ingresó por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino, y desde allí llegará a la sala de audiencias, entre las 11.30 y las 12, junto con el abogado que la representa en esta causa, Carlos Beraldi.

 

Para la primera jornada del juicio oral, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

 

Este primer juicio que se le seguirá, junto con otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo, en Santa Cruz.

 

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.