Deán Funes: Por la falta de pago del Programa Nacional Incluir Salud peligra la atención de ALPI

Profesionales y transportistas que realizan prestaciones de discapacidad hace ocho meses que no reciben sus honorarios. Los transportistas manifiestan que cortarán el servicio.

Política y Sociedad 20/09/2018

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El Centro de Rehabilitación ALPI Deán Funes no es ajeno a lo que viene sucediendo en todo el país con el Programa Nacional Incluir Salud.
 
La institución que atiende a personas con discapacidad no recibe pago de honorarios hace más de ocho meses. Mientras que La Agencia Nacional de Discapacidad desoye los reiterados reclamos.
 
Esta falta de pago afecta no tan solo a los profesionales sino también a los siete transportistas, que hace seis meses que no se les abona los servicios.
 
Este jueves, a las 18, 30 hs se convocó a una reunión de profesionales, padres y transportistas.
"Es una situación insostenible, se nos hace difícil sostener los gastos", manifiesta un transportista. "Nosotros paramos, está muy fea la mano, en la reunión comunicaremos el corte del servicio", indicó.
 
En tanto, el equipo de salud continuó con la atención esperanzados que esta situación mejorara. "Lamentablemente nos vemos en la obligación de suspender la atención porque ya es insostenible la situación", nos explican. "Los chicos no pierden solo la rehabilitación, sino el trasporte a las escuelas, y nosotras perdemos a los chicos que amamos, además del trabajo", comentó una profesional.
 
El Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos. Estas medidas impactan directamente en el financiamiento de las instituciones que brindan servicios de atención a las personas con discapacidad.
 
Incluir Salud (Ex PROFE) cubre a más de 30.000 mil personas con discapacidad, que se encontrarían desamparados y sin atención.
 
"La precarización de los servicios que brinda dicha obra social, vulnera los derechos de nuestros niños y adolescentes", remarcan.
 

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