La Oficina Anticorrupción denunció a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por un supuesto direccionamiento de la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016. 

 

Según la denuncia, el Estado le pagó a una firma privada 35 millones de dólares, una cifra que superaba por más de 5 millones de dólares las licitaciones de firmas competidoras. También se acusa que el Estado abonó el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares que debía pagar la firma.

 

La denuncia fue presentada bajo la acusación de "estafa, violación a los deberes de funcionario público y malversación de fondos" y no solo alcanza a Bullrich sino también al exsecretario de Seguridad Interior y actual diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, y al exjefe de gabinete, Marcos Peña.

 

"El monto finalmente pactado con el consorcio Israel Aerospace Industries-Rafael SA ascendió a USD 35.000.000, el que resultaba muy superior a los USD 28.901.000 ofertados originariamente, y superaba en USD 5.049.445 la propuesta de su competidora Aeronautics Ltd", dice la denuncia de la Oficina Anticorrupción. 

 

A través de dicho contrato, el Estado argentino adquirió torres con cámaras y sistemas de comunicación para captar llamadas. Según la denuncia, estas torres ni siquiera funcionaban porque habían sido pensadas para ser usadas en Israel. 

 

"El 30 de diciembre del 2016 Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros, suscribió la Decisión Administrativa que aprobó la contratación de IAI-ELTA/Rafael Ltd, y el gasto de USD 35.000.000, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich la refrendó, con el agravante de que dicho monto quintuplicaba el precio estimado por el Subdirector de Fronteras y Seguridad Regional de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ramón Oscar Rendón, y que jamás respondió a una oferta concreta de las empresas ganadoras, de modo que se desconoce cómo y por qué se llegó a él", continua el texto de la denuncia que ahora deberá investigar el juez federal Julián Ercolini.